Por un lado, las acciones estatales en materia de protección social precisan de un financiamiento suficiente para que aumente la calidad y cobertura de las mismas. Y por otro, una recaudación tributaria realizada bajo principios de equidad, es un factor que puede contribuir a aumentar la disponibilidad de recursos. Entonces: con equidad tributaria podrá darse una mayor recaudación impositiva, y los recursos obtenidos
con el aumento de tal recaudación idealmente deben destinarse al financiamiento de políticas sociales, entre ellas, la protección social.

A continuación, en primer término se presentará la situación y las propuestas respecto a la temática de Protección Social, y posteriormente se hará lo propio sobre el Sistema Tributario. El contenido de ambos temas se basa mayormente en estudios hechos en el marco del proyecto citado.

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La estadística es elocuente. Paraguay tiene poco más que el 13,5% de presión tributaria, casi toda indirecta. Eso, hace que tenga muy poco Estado, con capacidad de fomentar el desarrollo y de compensar la desigualdad.

A la pequeñez de los montos, se suma la fl agrante injusticia tributaria. El 80% del ingreso público es de impuestos indirectos, que son regresivos. Los pagan, sobre todo, los más pobres. En cambio es pequeño el impuesto a la renta, un poco más que 20%.

El país se encuentra entre las sociedades más desiguales del planeta. La mitad de la población vive con 92 dólares por mes o menos (EPH, DGEEC 2016a). Y el 10% más pobre, con 35 dólares por mes o menos. Entre los más ricos, 175 personas poseen más de 30 millones de dólares y generan el 90 del PIB. Esto se sabe, se mide y se publica, con la complacencia (casi) general de la ciudadanía y de los dirigentes.

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La actual política pública privilegia el mayor endeudamiento antes que la mayor movilización de los recursos tributarios. En el desempeño de las instituciones de recaudación se ha observado que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) no ha tenido el éxito de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el combate a las redes y esquemas de evasión. Esta última incluso identificó los sectores que incumplen mayormente sus obligaciones tributarias.

La estimación de los gastos tributarios realizados en 2015 es de 1,69% del PIB. La promulgación de una ley de invariabilidad tributaria parece indicar que, en lugar de disminuir, aumentarán las exoneraciones impositivas. La contribución de impuestos directos en la generación de ingresos tributarios sigue siendo baja. Se realizan propuestas de modificaciones para un mayor rendimiento del impuesto a la renta de las personas, del impuesto a la renta de las actividades agropecuarias y del impuesto inmobiliario.

Una fiscalidad más desarrollada y justa requiere un debate de mayor nivel en todos los ámbitos de la sociedad. Es necesario que exista una mayor conciencia sobre la necesidad de pagar impuestos ya que la responsabilidad por la evasión impositiva no es solo de las instituciones encargadas, sino también de los contribuyentes. Los que más tienen, deben contribuir más sin reclamar privilegios. En una economía con matriz productiva concentrada y con marcada desigualdad, como la nuestra, el principio de la equidad vertical es esencial y, más aún, cuando la población con ingresos superiores es la que recibe en mayor proporción los beneficios de los bienes y servicios públicos.

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El estudio se centra en los recursos ejecutados en la función Promoción y Acción Social e incorpora otros programas presupuestarios que si bien no se encuentran en la función referida, tienen impacto en factores que contribuyen a la reducción de riesgos y vulnerabilidades como por ejemplo la inversión en salud, agua potable y agricultura familiar. Estos recursos tienen vínculos muy cercanos con los objetivos de la protección social no contributiva. Los principales hallazgos se enmarcan en el análisis de los recursos utilizados, así como de problemas en los criterios de asignación de los recursos a la función promoción y Acción Social. El Estado –sector público y ciudadanía– debe discutir no solo una política de protección social sino también como calcular el esfuerzo fiscal que está realizando el país.

Este documento busca aportar al debate sobre la urgente necesidad de diseñar una política de protección social, que integre en el corto plazo las actuales intervenciones realizadas por distintas instituciones públicas, de manera fragmentada, y plantee las estrategias necesarias para llenar los vacíos existentes.

El objetivo de este estudio es presentar a la ciudadanía una descripción de las principales acciones públicas de protección social no contributiva relacionadas con el derecho a un ingreso y a la salud, así como los vínculos de esta política con la agricultura familiar.

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Estos servicios son positivos y perentorios, tienen resultados claros y sólidos, pero son insuficientes, ya que no participan en el cambio de las condiciones que crean los problemas y la exclusión. Se ha pasado de un enfoque reformista para el desarrollo, a otro de la protección social: desde la lucha por la reforma a la lucha contra la pobreza. En general, esto caracteriza a la política social actual en relación a la AFC.

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El trabajo analiza la inversión pública, en Paraguay, en sectores sociales seleccionados dentro de lo que se ha dado en llamar la Protección Social, para los años 2013 y 2014. Se analizan programas y subprogramas de los gastos en salud pública, de agua y saneamiento y de programas de promoción y acción social. En los años analizados se observa un incremento importante en los gastos de salud.

Sin embargo, a pesar de un crecimiento importante en la compra de insumos para la salud pública, la participación de un subprograma emblemático como las Unidades de Salud de las Familias (USF) ha reducido su participación en la inversión pública de este rubro. En términos de agua y saneamiento, la inversión pública ha tenido una participación muy baja en los años analizados. De todas maneras, este rubro siempre ha sido financiado por la cooperación externa para la extensión de su cobertura y se prevé inversiones de mayor porte a partir del 2016.

La mayor parte de los gastos de Acción y Promoción Social corresponde realizar a los gobiernos subnacionales y locales pero cuyo seguimiento presupuestario se torna difícil por la falta de rendición de cuentas de estos gobiernos sobre los fondos que reciben. Fuera de ello, el subprograma con mayor participación en este sector es el de Pensión de Adultos Mayores, en situación de pobreza.

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Este trabajo tiene como objetivo presentar y discutir ideas y marcos interpretativos actuales de los mayores contribuyentes sobre la fiscalidad en el Paraguay. Se desarrolló en base a entrevistas realizadas a empresarios claves y administradores del estado con quienes se dialogó sobre cómo piensa y como actúa el pagador de impuestos. Las entrevistas fueron complementadas con opiniones obtenidas por la prensa.

Los argumentos contrarios al desarrollo fiscal se agruparon en ocho motivos o narrativas: La mediterraneidad, la propia evasión, la poca calidad del gasto público, el pensamiento neoliberal, la esperanza en captar inversiones, la falta de razones, el particularismo y la corrupción así como, finalmente, el temor a ser perseguidos por funcionarios del estado.

Ante estos argumentos se presenta una contra argumentación, de manera a rebatir aquellas ideas que no favorecen a nadie, aunque estas sean atractivas para el contribuyente en el corto plazo. Es fundamental para el Paraguay deshacerse de los supuestos que privan del bienestar y la justicia a todos, incluso a los detractores de la fiscalidad.

Este trabajo se realiza en en el marco del proyecto “Debates y acciones para mejorar la calidad de la inversión social en Paraguay”, llevado adelante por la plataforma Paraguay Debate, de la cual Decidamos forma parte, y co-financiado por la Unión Europea.

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